Uso actual de las EMSP en conflictos armados y entornos complejos

¿Existe una nueva ola de empresas militares y de seguridad privadas (EMSP)?

En la década de 2000, la mayor visibilidad de las EMSP en situaciones de conflicto armado despertó el interés público por el sector. Hoy en día, operan más EMSP que hace quince años, y están activas en más Estados y con una mayor variedad de clientes. La disminución del recurso a las EMSP por parte de los gobiernos occidentales en Irak y Afganistán y la diversificación geográfica de la contratación de EMSP en conflictos armados alteraron las zonas geográficas en las que opera la industria. Esto también se tradujo en un cambio notable en los servicios ofrecidos por las EMSP en los conflictos armados. En las últimas décadas, y con el desarrollo de nuevos Estados territoriales, se ha producido la aparición de un nuevo conjunto de Estados de origen para las EMSP. También se ha producido una diversificación del lugar en el que operan las EMSP y una nueva variedad de Estados contratantes. Estos acontecimientos plantean la cuestión de si nos encontramos ante una nueva "oleada" de EMSP en conflictos armados y contextos frágiles, y de si las iniciativas y normas internacionales existentes para regular la industria siguen siendo adecuadas.

La década de 2000 impulsó el desarrollo de normas de derecho indicativo, como el Documento de Montreux y el Código Internacional de Conducta (ICoC), en respuesta a las cuestiones jurídicas y humanitarias derivadas del creciente uso de las EMSP en los conflictos armados. Estas iniciativas dejaron claro que las EMSP no operan en un vacío legal. Además, las normas y buenas prácticas que se desarrollaron han demostrado su relevancia para reforzar la regulación de la seguridad privada. En la actualidad, los retos clave son la falta de voluntad política y de capacidades para aplicar las normas existentes a nivel nacional. 

Además de un marco jurídico claro, los esfuerzos internacionales también deberían apoyar el fortalecimiento de las capacidades reguladoras de los Estados, así como las capacidades de supervisión de las partes interesadas nacionales ( es decir, la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones nacionales de derechos humanos) para garantizar que el sector de las EMSP rinda cuentas.

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